De El bidorto:

Para el que no lo sepa, el Gobierno aprobó ayer el Proyecto de Ley de Economía Sostenible. De cara a la galería, se trata de una serie de medidas para incentivar la economía en tiempos de crisis, un cambio en el modelo productivo que realmente es necesario para alejarnos del ladrillo como único soporte de la economía nacional. Sin entrar en el debate de si las medidas propuestas son buenas o no, hay un problema mayor en el texto.

Porque entre el articulado de este proyecto han colado de tapadillo un aspecto que nada tiene que ver con el resto del proyecto, pues afecta directamente a la libre expresión en internet, además de establecer un clima de inseguridad jurídica para empresas innovadoras que se mueven en este ámbito. Básicamente, permite a un órgano dependiente del Ministerio de Cultura el cierre de páginas web por presuntas infracciones de copyright, sin que sea un juez el que lo ordene. Esto entra en conflicto directo con el artículo 20.5 de la Constitución, pero parece que les ha dado igual, lo que digan SGAE, Promusicae y demás lobbies de la “industria cultural” parece tener más peso para una Ministra que sigue vinculada al mundo de la industria cinematográfica.

Y más:
• Pequeña guía para entender el manifiesto
• 20 bloggers opinan sobre el “Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible”.
• Cinco voces para una norma “mejorable”
• Cómo fue la reunión con la ministra de Cultura de Ignacio Escolar.
• “El modelo español”: las pretensiones de La Coalición y el Gobierno Español para convertir en un estándar mundial la persecución de páginas web sin pasar por un juez de Antonio Delgado.

Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.